Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, los Estados firmantes convienen en seguir “una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”, a la que definen como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (…) de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Tiene jerarquía constitucional en Argentina desde 1994.
<
