Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, entró en vigor en 2008.
Reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, entre otros derechos fundamentales.
Tiene jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014, con la sanción de la Ley 27.044.
