Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, el Instrumento establece que los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos allí consagrados (artículo 3). Además, este Pacto Internacional, a la hora de regular los derechos laborales, dispone la obligación de los Estados de asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es quien supervisa su aplicación y se encuentra conformado por un equipo de expertas y expertos independientes.
Este instrumento posee jerarquía constitucional en nuestro Estado desde 1994.
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