El Protocolo de violencia de género en el ámbito laboral para el Sector Público Nacional, aprobado en octubre de 2021 por la Decisión Administrativa 1012/2021, implica la recepción en el ámbito del Sector Público Nacional de los principales aportes del Convenio N° 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Junto a la Recomendación de la OIT número 206, son las primeras normas internacionales del trabajo que proporcionan un marco común para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidas las violencias y el acoso por motivos de género.
El ámbito de aplicación del protocolo es el Sector Público Nacional, el cual está integrado por la Administración Nacional, que comprende la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social; las Empresas y Sociedades del Estado; los Entes Interestaduales; las Universidades Nacionales; los Fondos Fiduciarios; otros Entes que si bien pertenecen al Sector Público Nacional no Financiero no revisten el carácter de empresa o sociedad del Estado y no consolidan en el presupuesto de la Administración Nacional; y por el Sector Público Nacional financiero, integrado por el Sistema Bancario Oficial y otras Instituciones Públicas Financieras.
Informe de implementación
Este informe busca identificar los principales aportes del mencionado “Protocolo Marco para el abordaje de las violencias por motivos de género en el Sector Público Nacional” dado el plexo normativo existente al momento de su aprobación. También se recuperan estrategias, dispositivos e instrumentos desplegados por organismos del Sector Público Nacional para dar respuesta a las situaciones de violencia por motivos de género, experiencias que fueron relevadas mediante una encuesta a organismos y empresas estatales.
Al final del documento se esbozan los desafíos que se abren desde la implementación del Protocolo Marco para ampliar y profundizar el abordaje de las violencias por motivos de género en el Sector Público Nacional.