La Recomendación General N° 35 constituye un hito jurídico fundamental que actualiza, tras 25 años, las directrices de la histórica Recomendación N° 19. Este documento del Comité CEDAW consolida el entendimiento de la violencia por razón de género contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación que impide el goce de libertades fundamentales.
A diferencia de marcos anteriores, la RG 35 reconoce la evolución de los contextos sociales y tecnológicos, integrando dimensiones como la violencia digital y la responsabilidad estatal en entornos privados y públicos. Su enfoque no se limita a la sanción, sino que exige a los Estados abordar las causas estructurales: la desigualdad sistémica, los estereotipos de género y las relaciones de poder asimétricas que perpetúan la violencia.
Aspectos a destacar:
- Evolución del concepto: define la violencia de género como un problema social y político, no solo individual, reafirmando que el Estado es responsable por acción u omisión.
- Debida diligencia: refuerza el deber de los Estados de prevenir, investigar, castigar y —crucialmente— reparar los actos de violencia, asegurando la no repetición.
- Nuevos ámbitos de aplicación: amplía el espectro de protección hacia los espacios digitales y los entornos mediados por tecnología, donde se replican y potencian las violencias tradicionales.
- Interseccionalidad: insta a considerar cómo otros factores (etnia, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio) se entrelazan para agravar la vulnerabilidad de las mujeres.
- Acceso a la justicia y reparación: establece que los sistemas judiciales deben estar libres de prejuicios y que las víctimas tienen derecho a reparaciones integrales que incluyan servicios de salud mental y apoyo socioeconómico.
