A través de este Convenio, los Estado se comprometen a desarrollar una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación. Nuestro país ratifica el convenio a través de la Ley Nacional 17.677 de 1968.
