Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, tiene por objetivo contribuir a «prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas en el hemisferio» y constituir «un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y el estado de derecho”.
Tiene jerarquía constitucional en nuestro país desde 1994.
