Impulsada por familiares y amigos luego del femicidio de Micaela García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. Alcanza a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
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