El Proyecto Mirar es una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health. Desde 2020 monitorea la implementación de la ley de aborto en Argentina. Recopila, produce, analiza y disemina información para la toma de decisiones y la incidencia, con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto. Se basa en fuentes públicas de información del gobierno nacional y gobiernos provinciales, pedidos de acceso a la información pública, otros monitoreos e informes de la sociedad civil y estudios propios, con las limitaciones propias de la disponibilidad de datos en Argentina.
El reporte anual 2023 identifica el “piso” en la política de aborto que fue posible lograr desde la sanción de la Ley 27.610 hasta diciembre de 2023, y que la actual gestión nacional debe sostener y mejorar para cumplir con sus responsabilidades jurídicas y políticas en el acceso al derecho.
Algunos datos:
- En 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.
- La tasa nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue de 8 abortos cada 1000 mujeres. Esa situación varía a escala provincial: las tasas más altas se registraron en San Luis y Jujuy.
- El acceso oportuno al aborto, con tecnologías adecuadas, con equipos capacitados y con menos estigmas y barreras se traduce en una mejora para el bienestar, la salud y la vida de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Ello se observa, por ejemplo, en la disminución de las muertes por aborto que se dio especialmente a partir de la sanción de la ley, al igual que los fallecimientos de mujeres por causas indirectas, ocasionadas por enfermedades preexistentes que se agravan por el embarazo.
- Desde la sanción de la ley se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en el país, aunque es muy variable la cantidad de instituciones según las provincias, con un rango que varía entre provincias que tienen entre 2 y 4 servicios de IVE/ILE cada 100.000 mujeres (Chaco, Santiago del Estero y Tucumán), y provincias que tienen entre 53 y 57 servicios de IVE ILE cada 100.000 mujeres (La Pampa y Mendoza). Además, en 2023 la gestión nacional distribuyó 166.164 tratamientos para el aborto con medicamentos, cuando en 2020, previo a la legalización, fueron 18.590.
- Se registró un descenso de magnitud inédita en América Latina de la tasa de la fecundidad de las niñas de 10 a 14 años, embarazos donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. La reducción fue del 57% para ese rango etáreo, mientras que en las adolescentes de 15 a 19 años disminuyó en un 50%, ambas situaciones observadas entre 2018 y 2022.
- Ninguna autoridad nacional confirmó el compromiso con la continuidad de la provisión de insumos de salud sexual y reproductiva.
- En el ámbito judicial persiste la tendencia a preservar la constitucionalidad de la Ley 27.610. Si bien entre 2018 y principios de 2024 se presentaron 38 demandas contra el derecho al aborto legal, 35 fueron resueltas a favor de mantener las normas vigentes y las tres restantes siguen pendientes de respuesta sobre su admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
