Las 100 Reglas de Brasilia constituyen el consenso regional más importante para garantizar que el sistema judicial sea inclusivo y accesible. Este documento, actualizado en 2018, establece directrices para los poderes judiciales, ministerios públicos y defensorías, con el objetivo de reducir las desigualdades que impiden a las personas en condición de vulnerabilidad ejercer sus derechos ante el sistema de justicia.
El texto no solo identifica quiénes se encuentran en esta situación —por razones de edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, migración o género— sino que propone soluciones concretas para que el proceso judicial sea más sencillo, comprensible y cercano a la ciudadanía.
Aspectos salientes de las 100 Reglas:
- Definición de vulnerabilidad: se reconoce que la vulnerabilidad no es una característica intrínseca de la persona, sino el resultado de la interacción entre sus condiciones particulares y las barreras que el entorno (o el sistema) le impone.
- Perspectiva de género e interseccionalidad: destaca que la victimización suele ser múltiple. Por ejemplo, una mujer indígena y migrante enfrenta barreras acumuladas que el sistema debe detectar y subsanar de forma integral.
- Simplificación del lenguaje: las reglas promueven el uso de un lenguaje claro y sencillo en las resoluciones judiciales, garantizando que todas las personas comprendan lo que se decide sobre sus vidas.
- Asistencia integral: subraya la necesidad de asistencia legal gratuita, intérpretes y apoyo técnico especializado para asegurar que el proceso sea equitativo.
- Celeridad y prioridad: establece que los casos que involucren a personas vulnerables deben ser resueltos con especial prontitud para evitar que el tiempo mismo se convierta en una forma de injusticia.
Las Reglas de Brasilia son una herramienta de empoderamiento. Nos enseñan que la justicia debe adaptarse a las personas y sus realidades, y no al revés, fortaleciendo la democracia y la cohesión social.
