La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva respecto a la ley vigente, sancionada en 1990, y pone en el centro de la escena a los determinantes sociales de la salud y a la eliminación del estigma, la discriminación y la criminalización de personas con VIH.
Al respecto, aclarar que la falta de presupuesto definido para la aplicación de la ley, la demora en su reglamentación final y la falta de conocimiento general para la implementación efectiva de la norma en los estamentos públicos y privados son algunos de los déficit destacados por organizaciones y activistas.
