Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, los Estados firmantes convienen en seguir “una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”, a la que definen como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (…) de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Tiene jerarquía constitucional en Argentina desde 1994.
<Convención aprobada por la Ley Nacional 23.179, sancionada el 8 mayo de 1985.
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